Ofensiva Contra El Ambiente

'Ofensiva' contra el ambiente

Sábado, 19 de febrero de 2005

Por José Javier Pérez
end.jperez1@elnuevodia.com

Como piezas de ajedrez estratégicamente colocadas, varias iniciativas legislativas y del ejecutivo han comenzado a estructurarse en una maniobra que ha sido interpretada como la más reciente ofensiva en contra del medio ambiente y las comunidades pobres.

Son varios los flancos: las medidas que eliminan restricciones a los alcaldes para efectuar expropiaciones; el proyecto de ley que enmendaría el Código Penal Ambiental para flexibilizarlo; y el proyecto del presidente de la Cámara de Representantes, José Aponte, que adjudicaría carácter de irrevocabilidad a los permisos de construcciones una vez hayan sido otorgados, entre otras.

“Se basan en la percepción de que el medio ambiente es el enemigo del progreso y lo más sorprendente es que hasta el discurso público del gobernador Aníbal Acevedo Vilá sobre el tema ambiental se ha esfumado”, declaró el planificador José Rivera Santana.

“El Gobernador se ha reunido con el presidente del Banco Bilbao Vizcaya, con Wal-mart, con la Comay, con el Gángster, con los comerciantes, industriales y constructores. Pero se ha olvidado de los ambientalistas y las comunidades”, declaró.

El planificador sostuvo que esta orquestación se encamina a una visión de construir más y más en lugar de conservar energía, agua y terrenos. Según dijo, es una meta gubernamental que se asemeja a la que implantó el ex gobernador Pedro Rosselló. “Nos llevará a un callejón sin salida donde veremos cómo nuestro recurso más importante, la Naturaleza, va siendo cercenado y destruido y los problemas, lejos de resolverse, se irán agravando”, pronosticó.

El jueves varios abogados expertos en derecho ambiental cuestionaron específicamente la medida sometida por el presidente cameral, que propone que los permisos de construcción sean irrevocables luego que hayan sido evaluados y una vez las preocupaciones y objeciones públicas hayan sido atendidas.

Pero Rivera Santana dijo que la medida parte de premisas falsas. Mientras el proyecto cameral establece que la industria de la construcción es un indicador de la situación económica y que es uno de los pilares del crecimiento económico, los datos de la Junta de Planificación señalan otra cosa.

La industria de la construcción representa solamente entre el 10 y el 16 por ciento del Producto Nacional Bruto, de acuerdo con la Junta.

“Es una participación pequeña. La manufactura y el servicio son más importantes en la actividad económica”, comentó Rivera Santana.

La otra permisa falsa, dijo, es insinuar que los permisos en sí mismos son un obstáculo: “Nadie ha presentado datos sobre cuántos proyectos de la totalidad han sido detenidos por terceros”, indicó.

Tampoco es correcto inferir que las comunidades y los ambientalistas son los responsables de la paralización de construcciones, indicó Luis Jorge Rivera Herrera, científico ambiental de la organización Iniciativa por un Desarrollo Sustentable.

Según explicó, pocas comunidades y organizaciones ecologistas tienen los recursos para llevar casos a los tribunales y cuando logran hacerlo, es porque un juez ha validado que hubo violación a leyes ambientales o incumplimiento con procesos administrativos.

No es la primera vez que surgen medidas para flexibilizar los reglamentos ambientales en Puerto Rico. Rivera Herrera recordó que bajo la administración de la gobernadora Sila Calderón el senador Juan Cancel Alegría sometió una medida similar a la de Aponte. También hubo intentos bajo el gobierno de Rosselló que incluyeron los famosos “fast track”. “Quienes han estado detrás de todo esto son las mismas personas de siempre”, dijo Rivera Herrera, refiriéndose principalmente a intereses de la industria de la construcción. El presidente de la Asociación de Constructores de Hogares, Ivar Pietri, no contestó las llamadas de El Nuevo Día. Mientras, William Riefkohl, de la Asociación de Industriales, indicó que no emitiría comentarios hasta que el comité ambiental de esa organización evalúe la propuesta.

Las medidas que la Legislatura mantiene en remojo podrían incrementar los impactos adversos al medio ambiente y aumentar los incidentes relacionados con expropiaciones de comunidades, dijo Abel Vale, portavoz de los Ciudadanos del Carso. “Pondría a las comunidades en una situación de desigualdad, no en una lucha de clases, sino en una lucha contra un pequeño grupo que no es otro que el sector que financia las campañas electorales”, dijo.

El presidente de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) Carlos López, dijo que no había leído la medida por lo cual no podía emitir comentarios específicos. Explicó que la JCA no emite comentarios respecto a los permisos de construcción que aprueba la Administración de Reglamentos y Permisos. No obstante, señaló que la medida debe cumplir con las decisiones judiciales que ya han validado y garantizado el acceso del público a los tribunales.

El secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Javier Vélez Arocho, tampoco había leído la propuesta del presidente cameral. Se limitó a señalar que todo proyecto que no cumpla con reglamentos y los estatutos vigentes tendrá que ser enmendado para proteger al gobierno y el público.