Dudosa la labor de dos agentes federales
Sábado, 19 de febrero de 2005
Por Carmen Edith Torres
End.ctorres@elnuevodia.com
Las acusaciones contra dos ex agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional que estaban adscritos al grupo de trabajo de Aduanas e Inmigración han sembrado dudas sobre los juicios e investigaciones en los que ambos participaron.
Mientras trabajaban como agentes federales, los acusados Richard Roark y Jorge Rivera fueron testigos del Estado en diversos casos de narcotráfico que se dilucidaron en el Tribunal Federal y que resultaron en la convicción de acusados.
Según diversas fuentes, bajo la dirección de Roark en el grupo de trabajo de Aduanas e Inmigración, ocurrieron irregularidades en investigaciones y allanamientos realizados sin orden judicial. De acuerdo a esas fuentes, el allanamiento ilegal a una residencia en la urbanización Floral Park, ocurrido en junio del año pasado, y que generó las acusaciones contra Roark y Rivera, es sólo uno de varios incidentes similares.
El juicio contra los dos ex agentes federales por delitos de conspiración, obstrucción a la justicia y brindar declaraciones falsas en una investigación federal, quedó pautado para mayo próximo en la sala de la jueza federal Carmen Consuelo Vargas de Cerezo.
No obstante, hay versiones de que ambos agentes tienen un acuerdo con la fiscalía federal y se declararán culpables sin llegar a juicio.
En la orden para el itinerario del caso, Vargas de Cerezo estableció hasta el 19 de abril para que los acusados y la fiscalía federal conduzcan negociaciones con el fin de establecer una alegación de culpabilidad. Luego, los acusados tienen hasta el 27 de abril para someter sus mociones de cambio de alegación.
La fiscalía federal en Puerto Rico se inhibió de trabajar el caso, que fue investigado y sometido por el fiscal Charles Jenkins, del Distrito del Oeste de Texas, en San Antonio.
Roark estaba a cargo del grupo de trabajo conjunto (task force) que atiende aeropuertos y bajo su supervisión estaba el agente Rivera. Las acusaciones contra ambos se relacionan con un allanamiento sin orden realizado en junio pasado en una residencia en la urbanización Floral Park en Hato Rey, en la que fue incautado dinero.
Para justificar el dinero incautado, Rivera -que era el agente a cargo de la pesquisa- se alega preparó un informe para indicar que el dinero había sido incautado en un vehículo de motor.
La conspiración, según la acusación, se debe a que Roark y Rivera acordaron dar declaraciones falsas y fraudulentas sobre el dinero, obstruir la justicia, así como falsificar y encubrir hechos materiales.
Los dos acusados, alega el pliego acusatorio, tenían conocimiento de que el dinero fue incautado en la residencia por agentes del grupo de trabajo que la allanaron sin orden y tomaron el dinero.
“También fue parte de la conspiración que los acusados acordaron que no reportarían a sus superiores que se había entrado a una residencia y que dinero en efectivo fue removido de allí”, indica la acusación.
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